El reciente pedido de una fundación para eliminar la pensión del expresidente Alberto Fernández ha generado un revuelo en la opinión pública, pero la realidad es que ni la ANSES, el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen las facultades para llevar a cabo esta acción. La atención se centra ahora en la Justicia como la única entidad con poder para retirar este beneficio.

La Fundación Apolo, conocida por su lucha contra la corrupción, elevó una solicitud formal a la ANSES demandando la eliminación del beneficio previsional de Fernández. En su solicitud, la organización enumeró diversos episodios controvertidos durante la administración del exmandatario, como el ‘Vacunatorio VIP’, la designación de jueces cuestionables y otros actos que consideran incompatibles con los requisitos de ‘mérito y honor’ para recibir la pensión presidencial.

Sin embargo, fuentes internas de la ANSES han indicado que la solicitud no podría avanzar a través de canales ejecutivos o legislativos, reafirmando que estas instituciones no tienen la autoridad para suprimir la jubilación de un expresidente. Esta situación pone en relieve un vacío de poder que solo puede ser llenado por decisiones judiciales.

El gobierno actual, liderado por Javier Milei, ha dejado claro que no intervendrá en este asunto, recalcando que el camino debe ser a través de la Justicia. Manuel Adorni, vocero de la presidencia, subrayó en una conferencia de prensa que ‘es una cuestión de ley, no tenemos intervención en eso y no podemos tomar ninguna medida al respecto.’ El funcionario también apuntó a la Justicia como el actor clave para investigar y determinar la culpabilidad de Fernández en las distintas acusaciones que enfrenta.

Para que la pensión presidencial de Fernández sea retirada, se necesitaría una denuncia formal en el Poder Judicial seguida de una sentencia judicial firme. Este procedimiento podría incluso finalizar en la Corte Suprema. La ANSES y otras entidades gubernamentales implicadas han buscado actuar como querellantes en las investigaciones relacionadas, pero han sido desestimadas por la Justicia debido a vínculos con funcionarios de la administración anterior.

Mientras tanto, las discusiones continúan y el futuro de la pensión de Alberto Fernández queda en manos de la Justicia. La situación es un reflejo de las complejidades y limitaciones institucionales que enfrentan las políticas de beneficios previsionales en Argentina.