La Justicia argentina se encuentra en plena investigación de un fraude millonario relacionado con las pensiones destinadas a adultos mayores. El fiscal Guillermo Marijuán, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) del ANSES, quienes no cumplen con el requisito de residencia en el país.

Según los registros de la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), los beneficiarios se inscribieron como «personas mayores vulnerables» y regresaron a sus países de origen. El perjuicio económico mensual para el Estado alcanza los $449.341.802 millones, lo que a lo largo de un año representa una suma total de $5.842.000.000.

La ley 27.260, implementada durante el gobierno de Mauricio Macri en mayo de 2016, establece que la PUAM es una pensión vitalicia y no contributiva dirigida a personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esta normativa también establece que los beneficiarios deben cumplir con la exigencia legal de mantener residencia en el país. En este sentido, Marijuán descubrió otros 7.512 «titulares PUAM» que han permanecido fuera del país por más de 60 días, un claro incumplimiento de la ley.

 

 

Ante la gravedad de la situación, el fiscal federal solicitó a Pettovello la suspensión inmediata de estas pensiones, con el objetivo de evitar posibles conductas delictivas asociadas al incumplimiento de los requisitos establecidos. A diferencia de otras autoridades del gobierno, Pettovello ha accedido de manera inmediata a las solicitudes de la Justicia cada vez que ha puesto en evidencia irregularidades en los programas sociales.

La investigación liderada por Marijuán determinó que, de los casi 3.000 beneficiarios que se encuentran viviendo fuera del país, más de 1.300 llevan más de 3 meses fuera de Argentina, tiempo después del cual se debe suspender el cobro de la pensión. La Justicia deberá ahora determinar quiénes han sido los responsables de permitir esta estafa millonaria y qué funcionarios públicos estuvieron involucrados en esta irregularidad.