Desde la Cámara de Industria, Agricultura y Comercio (CAIC) de General Roca, le solicitaron por nota al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que suspenda la Audiencia Pública Extraordinaria, prevista para este miércoles 25 de octubre, por considerar que “falta información a la comunidad”, sobre los porcentajes de incremento en la tarifa eléctrica que planean autorizar a la distribuidora EDERSA.

Alegan, además, que “falta transparencia” en el procedimiento, por lo tanto, esperan “que expliquen las nuevas tarifas”.

La nota, que fue presentada este viernes, lleva la firma del presidente de la entidad que agrupa comerciantes y pymes roquenses, Miguel Grasso. Se cuestiona en la misma que “la celebración de audiencias públicas solo representa un hito en el cumplimiento del procedimiento administrativo, totalmente vacío de contenido”.

“Nos pueden argumentar que los expedientes del llamado a audiencia son públicos, pero los usuarios no andan revisando expedientes y necesitan ser informados”, acotó el dirigente, quien agregó que “así como está planteada la audiencia, que encima será virtual, es un mero formalismo”.

Se agrega en el escrito que, con la metodología propuesta, “no se garantiza la real participación ciudadana”, y por lo tanto “los usuarios son vulnerables por la característica de la información que se les priva”.

Desde la CAIC también solicitaron conocer “el acuerdo firmado por la provincia de Rio Negro – CAMMESA y EDERSA, sobre la condonación de deudas a la distribuidora”, para poder determinar si esos convenios “afectarán o beneficiaran en las tarifas de los usuarios, y cómo estos impactan en el pedido de incremento realizado por la distribuidora”.

Por último, plantearon dos demandas. Primero que el EPRE difunda la información sobre las nuevas tarifas de electricidad “mediante presentaciones en un lenguaje apropiado a los usuarios” y que “no se apliquen aumentos tarifarios sin una anticipación razonable que permita a los usuarios previsionar el costo en su economía doméstica”. Además, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, “para que vele por los derechos y evite que este mecanismo se transforme en un atropello del poder público, carente de control”.
 

Desde la Cámara de Industria, Agricultura y Comercio (CAIC) de General Roca, le solicitaron por nota al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que suspenda la Audiencia Pública Extraordinaria, prevista para este miércoles 25 de octubre, por considerar que “falta información a la comunidad”, sobre los porcentajes de incremento en la tarifa eléctrica que planean autorizar a la distribuidora EDERSA.

Alegan, además, que “falta transparencia” en el procedimiento, por lo tanto, esperan “que expliquen las nuevas tarifas”.

La nota, que fue presentada este viernes, lleva la firma del presidente de la entidad que agrupa comerciantes y pymes roquenses, Miguel Grasso. Se cuestiona en la misma que “la celebración de audiencias públicas solo representa un hito en el cumplimiento del procedimiento administrativo, totalmente vacío de contenido”.

“Nos pueden argumentar que los expedientes del llamado a audiencia son públicos, pero los usuarios no andan revisando expedientes y necesitan ser informados”, acotó el dirigente, quien agregó que “así como está planteada la audiencia, que encima será virtual, es un mero formalismo”.

Se agrega en el escrito que, con la metodología propuesta, “no se garantiza la real participación ciudadana”, y por lo tanto “los usuarios son vulnerables por la característica de la información que se les priva”.

Desde la CAIC también solicitaron conocer “el acuerdo firmado por la provincia de Rio Negro – CAMMESA y EDERSA, sobre la condonación de deudas a la distribuidora”, para poder determinar si esos convenios “afectarán o beneficiaran en las tarifas de los usuarios, y cómo estos impactan en el pedido de incremento realizado por la distribuidora”.

Por último, plantearon dos demandas. Primero que el EPRE difunda la información sobre las nuevas tarifas de electricidad “mediante presentaciones en un lenguaje apropiado a los usuarios” y que “no se apliquen aumentos tarifarios sin una anticipación razonable que permita a los usuarios previsionar el costo en su economía doméstica”. Además, solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, “para que vele por los derechos y evite que este mecanismo se transforme en un atropello del poder público, carente de control”.