El termómetro sigue a la baja en la región, pese a que la etapa más complicada del invierno aún no llegó. Es en este contexto, organizaciones denuncian que las acciones de ayuda a las personas que viven en situación de calle, son insuficientes y «poco articuladas» por parte del Estado.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro y el proyecto de extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue «Barrios con identidad, vínculos y derechos», presentaron una nota ante el gobierno municipal y provincial para exigir la implementación de la Ley 27.654 de «Personas en situación de calle y familias sin techo».

Concretamente, se solicita al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro y a la Secretaría de Acción Social de Roca que se garanticen los derechos que se encuentran enumerados por la normativa. Asimismo, se piden «medidas concretas» para dar respuesta a esta problemática de una manera más integral.

«Creemos que es muy importante que estos dos niveles estén trabajando en forma interinstitucional y mancomunada para lograr dar una respuesta más acabada. Sabemos que el área de salud pública interviene en lo relativo a su competencia, pero su accionar es limitado y no coordinado», comentó Ana Calafat, abogada y miembro del Observatorio.

La mayor preocupación es por el cumplimiento del artículo 10, en el que se asegura que el Estado debe garantizar un albergue transitorio y fomentar políticas para alcanzar una vivienda digna de forma permanente. También se rescata el interés por el resguardo a la integridad personal -artículo 6- y el acceso pleno a los servicios socioambientales -artículo 9-.

«Es imprescindible poner en marcha un dispositivo y un centro de integración social, que permita cumplir con esta ley y evitar que no haya una muerte más por frío, situación terrible y dolorosa que no se puede admitir», mencionaron referentes del organismo en la redacción de la solicitud.

En el escrito también hay un llamado a organizaciones sociales, sindicales y ámbitos universitarios para cooperar en este objetivo. Estos organismos pueden contribuir en el territorio, con relevamientos y otras instancias de acompañamiento de trabajo colectivo.

«Hay que acostumbrarse que estas leyes tienen que ser cumplidas, no deben quedar en algo proyectado», finalizó Calafat.