El tribunal de juicio dictó la prisión preventiva a los cuatro farmacéuticos condenados por la causa de la estafa al Ipross de Río Negro. Tres de los condenados, Fabio Caffaratti, Eduardo Mastandrea y Eduardo Mascaró, que estaban en la sala de audiencia de los tribunales de Roca, fueron inmediatamente detenidos y trasladados a una comisaría de Roca. Sandra Fasano cumplirá prisión domiciliaria por razones de salud.

Los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido hicieron lugar al pedido de la fiscal jefa Teresa Giuffrida y el fiscal Marcelo Ramos de que los condenados por la estafa esperen en prisión preventiva si la Corte Suprema acepta un recurso en queja de los abogados defensores.

Según publicó el diario Río Negro, los fiscales plantearon que no quedan en Río Negro instancias judiciales para que los condenados apelen y sólo les resta el camino de la Corte Suprema. Este hecho acentúa a posibilidad de fuga de los farmacéuticos condenados, plantearon también los jueces en su decisión.
Eduardo Mascaró al ser trasladado detenido.

Los magistrados argumentaron también que el riesgo de fuga se acrecienta por las posibilidades económicas, sociales e intelectuales de los condenados, y la gravedad de las penas impuestas, que son entre seis y nueve años de cárcel efectiva.

El equipo fiscal enfatizó que “el pasado 24 de abril el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia rechazó la queja sustanciada por las defensas, de esta manera las vías recursivas provinciales se agotaron”.
“Estamos así frente a la posibilidad que le da a la parte acusadora el Artículo 109 bis, sumado a que los condenados tienen penas de prisión graves, que el riesgo de fuga con el avance del proceso se fue acrecentando y de esta manera se ha ido agravando su situación”, explicó la fiscal jefe interviniente en este legajo.

“Venimos insistiendo en el peligro procesal de fuga, ahora el principio de culpabilidad aumenta alimentado por el rechazo del STJ. Además los jueces han señalado que no se advierten violaciones al principio de constitucionalidad ni se ven afectadas garantías. Por ello además creemos que el recurso en la Corte Suprema de la Nación no prosperará”, agregó la fiscalía.

El defensor de Fabio Caffaratti, el abogado Carlos Vila, ofreció que la prisión preventiva de su asistido sea domiciliaria, mientras que la defensora de Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró, la abogada Patricia Espeche, solicitó que no se sustanciara el pedido fiscal.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal por unanimidad resolvió la inmediata detención de las cuatro personas, por considerar, entre otras cuestiones, “la capacidad económica, social e intelectual que tienen para sustraerse del accionar de la justicia, la necesidad de dar respuesta a la víctima que es el Estado, también a los afiliados de la obra social que se vieron afectados por este accionar, como al Colegio de Farmacéuticos”, agregó el Tribunal de Juicio.

“Hemos evaluado las circunstancias particulares de esta causa, pusimos a consideración las condiciones objetivas y subjetivas, teniendo presente la igualdad ante la ley y con el fin último de asegurar el cumplimiento de la sentencia es que se dispone la prisión preventiva de todos los imputados y su inmediata detención, con la salvedad que respecto a Fasano sea prisión preventiva domiciliaria”, concluyó el Tribunal roquense.

«Es un año electoral», la respuesta de la abogada Patricia Espeche
La abogada de Eduardo Mastandrea, Eduardo Mascaró y Sandra Fasano, Patricia Espeche, planteó que el cambio en la decisión del tribunal de juicio de aplicar esta vez la prisión preventiva a sus defendidos después de varios rechazos, se debió a motivos políticos.

«Estamos en un año electoral, esta reforma del Código (Procesal Penal) fue a fin de año, a propuesta del gobernador (Alberto Weretilneck). Nosotros consideramos que es inconstitucional, el planteo fue hecho rápido, pero dada la circunstancia, claramente había una decisión tomada», indicó.

Espeche se quejó de la decisión del Tribunal de Juicio porque dice que equiparó casos de abusos, que se tomaron como referencia, «con algo que es un tema de dinero».

También planteó lo preocupante que es que no haya ningún funcionario provincial involucrado en la causa de la Estafa al Ipross. «Soy rionegrina y me dan un poco de escalofríos estas cosas», deslizó.

El Tribunal de Juicio que condenó a los cuatro farmacéuticos detalló en abril del año pasado los fundamentos, atenuantes y agravantes que consideró para definir cada una de las penas.

Como agravantes generales, aplicables a los cuatro imputados, se valoró la “intensidad” y la “persistencia en el delito, durante 6 años” en los que sostuvieron una “deliberada intención y voluntad de mantenerse en la reiteración de conductas delictivas”. Esa intensidad comisiva “aporta un plus al momento de agravar la pena” porque no se trató de “un hecho solitario y aislado”.

Otra agravante fue la extensión del daño causado, derivado de la cantidad de medicamentos que durante esos años Ipross pagó a los farmacéuticos sin que hayan sido realmente entregados a ningún afiliado. El Tribunal recordó que existe un reclamo económico específico de la provincia contra los imputados en el fuero Contencioso Administrativo de Viedma y que el perjuicio al Ipross, en el ámbito penal que es competencia de los jueces de Roca, se mide como un daño de “difícil y tardía reparación, con generación de daños no sólo para el Ipross sino con trascendencia a todos los afiliados, pues fueron montos que no estuvieron disponibles en la obra social para cumplir en tiempo y forma con prestaciones que sí tenían un origen justificado y legal”.

La tercera agravante general fue “la calidad de damnificado”, una obra social estatal de organización solidaria, siendo que los imputados eran “auxiliares del sistema de salud”. Se destacó que participaron del diseño del convenio con Ipross que, finalmente, les permitió cometer las estafas y que aprovecharon “su conocimiento del sistema informático y documental, de los sistemas de control, de las fortalezas y debilidades de Ipross”. Fue “una maniobra selectiva, seleccionando deliberadamente a la víctima”, indicaron.

La “variedad y complejidad de los mecanismos delictivos” desplegados, el aprovechamiento de la confianza del propio Colegio de Farmacéuticos, de Ipross, los proveedores y los propios afiliados fue otra de las agravantes computadas, seguida por los “motivos” que los llevaron a delinquir: “exclusivamente el lucro desmedida y el beneficio económico”.

También se contempló contra los cuatro su alto nivel intelectual y educativo y su edad, que les da “madurez y experiencia para evaluar y sopesar la conducta que desarrollaban”. Y finalmente, el aprovechamiento de las enfermedades de sus propios clientes, de quienes utilizaron información para delinquir, “demostrando personalidades indolentes al momento de lucrar”.
Las penas que recibieron los condenados por la estafa al Ipross
Por unanimidad, la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido impusieron la pena de 9 años y 6 meses de prisión a Sandra Fasano, quien fue declarada culpable de 574 estafas. La mujer era auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro al momento de los hechos. Su pena fue la más alta porque fue coautora de todas las defraudaciones con cada uno de los demás imputados. Anoche se dispuso una custodia policial en su casa, en Allen, que permanecerá allí hasta tanto el organismo competente le coloque a la mujer el dispositivo de seguimiento que impedirá su salida del ejido de la localidad.

El farmacéutico Fabio Caffaratti fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, como coautor de 249 estafas.
Para Rodolfo Eduardo Mastandrea, farmacéutico coautor de 122 estafas, la pena fue de 8 años de prisión.

Finalmente el farmacéutico Raúl Eduardo Mascaró fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, como autor de 107 estafas. A los tres se les colocaron en aquel momento, dentro del edificio de Tribunales, la tobillera electrónica para impedir su salida del ejido de Roca. Las usaron hasta este lunes en que fueron detenidos con prisión preventiva.
 

El tribunal de juicio dictó la prisión preventiva a los cuatro farmacéuticos condenados por la causa de la estafa al Ipross de Río Negro. Tres de los condenados, Fabio Caffaratti, Eduardo Mastandrea y Eduardo Mascaró, que estaban en la sala de audiencia de los tribunales de Roca, fueron inmediatamente detenidos y trasladados a una comisaría de Roca. Sandra Fasano cumplirá prisión domiciliaria por razones de salud.

Los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido hicieron lugar al pedido de la fiscal jefa Teresa Giuffrida y el fiscal Marcelo Ramos de que los condenados por la estafa esperen en prisión preventiva si la Corte Suprema acepta un recurso en queja de los abogados defensores.

Según publicó el diario Río Negro, los fiscales plantearon que no quedan en Río Negro instancias judiciales para que los condenados apelen y sólo les resta el camino de la Corte Suprema. Este hecho acentúa a posibilidad de fuga de los farmacéuticos condenados, plantearon también los jueces en su decisión.
Eduardo Mascaró al ser trasladado detenido.

Los magistrados argumentaron también que el riesgo de fuga se acrecienta por las posibilidades económicas, sociales e intelectuales de los condenados, y la gravedad de las penas impuestas, que son entre seis y nueve años de cárcel efectiva.

El equipo fiscal enfatizó que “el pasado 24 de abril el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia rechazó la queja sustanciada por las defensas, de esta manera las vías recursivas provinciales se agotaron”.
“Estamos así frente a la posibilidad que le da a la parte acusadora el Artículo 109 bis, sumado a que los condenados tienen penas de prisión graves, que el riesgo de fuga con el avance del proceso se fue acrecentando y de esta manera se ha ido agravando su situación”, explicó la fiscal jefe interviniente en este legajo.

“Venimos insistiendo en el peligro procesal de fuga, ahora el principio de culpabilidad aumenta alimentado por el rechazo del STJ. Además los jueces han señalado que no se advierten violaciones al principio de constitucionalidad ni se ven afectadas garantías. Por ello además creemos que el recurso en la Corte Suprema de la Nación no prosperará”, agregó la fiscalía.

El defensor de Fabio Caffaratti, el abogado Carlos Vila, ofreció que la prisión preventiva de su asistido sea domiciliaria, mientras que la defensora de Sandra Fasano, Eduardo Mastandrea y Raúl Eduardo Mascaró, la abogada Patricia Espeche, solicitó que no se sustanciara el pedido fiscal.

Tras un cuarto intermedio, el Tribunal por unanimidad resolvió la inmediata detención de las cuatro personas, por considerar, entre otras cuestiones, “la capacidad económica, social e intelectual que tienen para sustraerse del accionar de la justicia, la necesidad de dar respuesta a la víctima que es el Estado, también a los afiliados de la obra social que se vieron afectados por este accionar, como al Colegio de Farmacéuticos”, agregó el Tribunal de Juicio.

“Hemos evaluado las circunstancias particulares de esta causa, pusimos a consideración las condiciones objetivas y subjetivas, teniendo presente la igualdad ante la ley y con el fin último de asegurar el cumplimiento de la sentencia es que se dispone la prisión preventiva de todos los imputados y su inmediata detención, con la salvedad que respecto a Fasano sea prisión preventiva domiciliaria”, concluyó el Tribunal roquense.

«Es un año electoral», la respuesta de la abogada Patricia Espeche
La abogada de Eduardo Mastandrea, Eduardo Mascaró y Sandra Fasano, Patricia Espeche, planteó que el cambio en la decisión del tribunal de juicio de aplicar esta vez la prisión preventiva a sus defendidos después de varios rechazos, se debió a motivos políticos.

«Estamos en un año electoral, esta reforma del Código (Procesal Penal) fue a fin de año, a propuesta del gobernador (Alberto Weretilneck). Nosotros consideramos que es inconstitucional, el planteo fue hecho rápido, pero dada la circunstancia, claramente había una decisión tomada», indicó.

Espeche se quejó de la decisión del Tribunal de Juicio porque dice que equiparó casos de abusos, que se tomaron como referencia, «con algo que es un tema de dinero».

También planteó lo preocupante que es que no haya ningún funcionario provincial involucrado en la causa de la Estafa al Ipross. «Soy rionegrina y me dan un poco de escalofríos estas cosas», deslizó.

El Tribunal de Juicio que condenó a los cuatro farmacéuticos detalló en abril del año pasado los fundamentos, atenuantes y agravantes que consideró para definir cada una de las penas.

Como agravantes generales, aplicables a los cuatro imputados, se valoró la “intensidad” y la “persistencia en el delito, durante 6 años” en los que sostuvieron una “deliberada intención y voluntad de mantenerse en la reiteración de conductas delictivas”. Esa intensidad comisiva “aporta un plus al momento de agravar la pena” porque no se trató de “un hecho solitario y aislado”.

Otra agravante fue la extensión del daño causado, derivado de la cantidad de medicamentos que durante esos años Ipross pagó a los farmacéuticos sin que hayan sido realmente entregados a ningún afiliado. El Tribunal recordó que existe un reclamo económico específico de la provincia contra los imputados en el fuero Contencioso Administrativo de Viedma y que el perjuicio al Ipross, en el ámbito penal que es competencia de los jueces de Roca, se mide como un daño de “difícil y tardía reparación, con generación de daños no sólo para el Ipross sino con trascendencia a todos los afiliados, pues fueron montos que no estuvieron disponibles en la obra social para cumplir en tiempo y forma con prestaciones que sí tenían un origen justificado y legal”.

La tercera agravante general fue “la calidad de damnificado”, una obra social estatal de organización solidaria, siendo que los imputados eran “auxiliares del sistema de salud”. Se destacó que participaron del diseño del convenio con Ipross que, finalmente, les permitió cometer las estafas y que aprovecharon “su conocimiento del sistema informático y documental, de los sistemas de control, de las fortalezas y debilidades de Ipross”. Fue “una maniobra selectiva, seleccionando deliberadamente a la víctima”, indicaron.

La “variedad y complejidad de los mecanismos delictivos” desplegados, el aprovechamiento de la confianza del propio Colegio de Farmacéuticos, de Ipross, los proveedores y los propios afiliados fue otra de las agravantes computadas, seguida por los “motivos” que los llevaron a delinquir: “exclusivamente el lucro desmedida y el beneficio económico”.

También se contempló contra los cuatro su alto nivel intelectual y educativo y su edad, que les da “madurez y experiencia para evaluar y sopesar la conducta que desarrollaban”. Y finalmente, el aprovechamiento de las enfermedades de sus propios clientes, de quienes utilizaron información para delinquir, “demostrando personalidades indolentes al momento de lucrar”.
Las penas que recibieron los condenados por la estafa al Ipross
Por unanimidad, la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido impusieron la pena de 9 años y 6 meses de prisión a Sandra Fasano, quien fue declarada culpable de 574 estafas. La mujer era auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro al momento de los hechos. Su pena fue la más alta porque fue coautora de todas las defraudaciones con cada uno de los demás imputados. Anoche se dispuso una custodia policial en su casa, en Allen, que permanecerá allí hasta tanto el organismo competente le coloque a la mujer el dispositivo de seguimiento que impedirá su salida del ejido de la localidad.

El farmacéutico Fabio Caffaratti fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, como coautor de 249 estafas.
Para Rodolfo Eduardo Mastandrea, farmacéutico coautor de 122 estafas, la pena fue de 8 años de prisión.

Finalmente el farmacéutico Raúl Eduardo Mascaró fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión, como autor de 107 estafas. A los tres se les colocaron en aquel momento, dentro del edificio de Tribunales, la tobillera electrónica para impedir su salida del ejido de Roca. Las usaron hasta este lunes en que fueron detenidos con prisión preventiva.