La Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios Audiovisuales (APROCINEMA) ha presentado una acción de amparo con el fin de detener el cierre temporal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Esta medida fue implementada por el gobierno nacional a través de la Resolución 62/2024, publicada en el Boletín Oficial, la cual suprime varias Unidades Organizativas del INCAA.

En respuesta a esta situación, APROCINEMA ha presentado un extenso escrito de aproximadamente 70 páginas, firmado por la presidenta de la organización, María Cristina Agüero. En este documento se argumenta que la resolución en cuestión viola la Ley del Cine 24.377, que tiene como objetivo promover la actividad del sector audiovisual.

La medida adoptada por el gobierno ha generado un amplio impacto en la industria cinematográfica nacional. Entre las consecuencias se encuentran despidos masivos, no renovación de contratos e interrupción de programas y producciones aprobadas. Además, los festivales de cine también han sufrido un severo desfinanciamiento. Según el Ministerio de Capital Humano, «se terminaron los años en que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos».

El escrito presentado por APROCINEMA destaca que la resolución detiene la producción de cine nacional, impidiendo que los proyectos accedan a los beneficios de la ley y afectando a aquellos que ya se encontraban en desarrollo. Los productores y medios audiovisuales consideran que esta situación causa un daño irreparable a la cultura y no descartan futuras acciones judiciales contra el Estado.

La acción de amparo, registrada bajo el número 6576/2024, ha sido derivada al juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número cuatro, a cargo de la jueza Rita Ailán. Los productores también solicitan una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución impugnada, lo que en la práctica implicaría la reapertura del INCAA.

Esta presentación legal por parte de APROCINEMA busca proteger los intereses de la industria cinematográfica nacional y garantizar el cumplimiento de la Ley del Cine, que tiene como finalidad promover la actividad audiovisual en el país.