El diputado Claudio Domínguez (MPN) presentó un proyecto de ley que crea un régimen de retiro voluntario para agentes de la administración pública, apuntando a reducir la cantidad de personal promover el “achicamiento del Estado provincial”. La medida no se limita solamente a los agentes de la administración pública, sino que sería extensiva a organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades estatales.

El régimen prevé dos alternativas posibles: retiro con indemnización, opción válida para agentes que tengan hasta 14 años de aportes previsionales al ISSN o retiro con haber, para quienes no reúnan las condiciones exigidas en la ley 611 para acceder a la jubilación ordinaria.

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Quienes opten por la primera opción, podrán acceder a un financiamiento para emprendimientos productivos, el que alcanzará el 10% del valor de la indemnización y no podrán ser reincorporados a la planta estatal.

En tanto, el retiro con haber implicará continuar con los aportes correspondientes al ISSN estipulados por la ley 611 hasta alcanzar los requisitos para acceder a la jubilación y quedarán sujetos a disponibilidad en caso de ser convocados a reincorporarse a la actividad laboral, pudiendo perder el beneficio del retiro en caso de negarse.

Se excluye de la posibilidad de acogerse al beneficio a personal de salud, educación y seguridad, considerando la naturaleza de sus funciones y su impacto en los servicios, al tiempo que se prohíbe la incorporación de nuevos agentes para reemplazar los cargos vacantes por retiro voluntario.

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La indemnización equivaldrá a dos sueldos brutos por cada año trabajado o fracción mayor a seis meses de la última remuneración, incluyendo las bonificaciones y adicionales particulares del sector que le correspondan por servicio activo. En tanto, el haber de retiro se calculará a partir del equivalente al 2,66% por cada año trabajado al momento del retiro, aplicando tal porcentaje al último sueldo percibido por el agente.

La medida crea un fondo de retiros, financiado por los aportes del Estado y los municipios que hayan adherido a la ley, el que será administrado por el Ministerio de Economía, y estará destinado a asegurar la estabilidad económica de los trabajadores durante su retiro y garantizar que los trabajadores puedan acceder a beneficios adecuados al finalizar su vida laboral activa.

Los fundamentos indican que el objetivo es “optimizar la gestión de recursos humanos y contribuir al achicamiento del Estado, promoviendo una administración más eficiente y sostenible”. A la vez, remarcan que los cargos electivos y las plantas políticas, los contratados y los eventuales tampoco no podrán acogerse al régimen sugerido.