Miles de personas se movilizaron en todo el país en rechazo a un posible decreto que modificaría el sistema de atención a personas con discapacidad, poniendo en riesgo el acceso a terapias y servicios esenciales para más de 200.000 beneficiarios. La movilización fue convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y tuvo su epicentro en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente.

Desde el foro explicaron que la posible firma de este decreto generaría la ruptura de un logro fundamental, que es la atención de las personas con discapacidad en servicios categorizados por el Estado, independientemente de su situación económica.

Actualmente, las obras sociales, prepagas y el PAMI están obligados a cubrir las prestaciones a partir de los aportes de los trabajadores y jubilados. Sin embargo, con la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, cada organismo financiador podría establecer los aranceles que consideren convenientes, lo que agravaría la crisis económica de los prestadores y pondría en peligro la atención de las personas con discapacidad.

El proyecto de decreto implica que el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad ya no se ocuparía de fijar los aranceles para cada prestación, dejando la responsabilidad en manos de los organismos públicos nacionales financiadores.

Desde el foro advierten que esto significaría el retroceso a una situación similar a la existente antes de la Ley 24.901, cuando algunas obras sociales pagaban poco o nada, dejando a ciertas personas con discapacidad sin atención. Además, el costo de las prestaciones podría superar los aranceles establecidos, llevando a instituciones y profesionales a dejar de atender a esta población por falta de recursos.

Las organizaciones solicitan a los funcionarios que revean esta medida y eviten el retroceso en la atención de personas con discapacidad, recordando que el derecho a la atención integral de estas personas fue logrado hace más de 25 años con la creación de la Ley 24.901.

La movilización masiva busca generar conciencia sobre el impacto negativo que este cambio en el sistema de atención tendría para miles de personas y presionar al gobierno para que se mantenga el sistema actual, que garantiza el acceso a servicios esenciales para las personas con discapacidad.