La jueza Florencia Carusso rechazó los pedidos de la defensa y dictaminó que Ramiro “El Gitano” Gutiérrez, imputado del homicidio doloso de Facundo Castillo, será juzgado por un jurado popular. Fue una extensa audiencia en la que se plantearon cuestionamientos a esta forma de participación, en la que los defensores aludieron a la hipotética influencia que pueden ejercer los medios de comunicación y las redes sociales sobre las personas para desempeñarse como jurados. Entendieron que se trata de una posibilidad que perjudica al joven roquense.

Gutiérrez está acusado de haber atropellado intencionalmente a Facundo Castillo, conduciendo una camioneta BMW X1, durante la madrugada del 17 de diciembre del año pasado. El hecho se produjo a la salida de una fiesta, que se realizó en un espacio privado de Cipolletti; y Castillo falleció horas después, debido a la gravedad de las heridas.

La audiencia tuvo un clima emocional especial: al lado de los defensores se sentaron los padres del joven acusado. Escucharon con suma atención y asentían con la cabeza ante la exposición de Vila. Enfrente, ubicados atrás del espacio de la fiscalía, estaban los familiares de Castillo.

Los abogados Martín Segovia y Carlos Vila Llanos avanzaron con un pedido que busca extraer a su cliente de lo que consideran una situación potencialmente peligrosa: el juicio por jurados. Por eso plantearon en primer lugar una “renuncia de su derecho” a ser enjuiciado mediante este sistema. Y en caso negativo, que ese juicio se realice una jurisdicción ajena a la de los tribunales de Cipolletti.

 Seguí leyendo: La familia pide agravar la calificación del homicidio de Facundo Castillo

Argumentaron que la opinión pública puede estar “enrarecida” por las informaciones y los comentarios vertidos a través de los medios de comunicación y las redes, por lo que no se puede garantizar la imparcialidad necesaria. Y expusieron que el tratamiento en los distintos espacios informativos ha sido adverso para su defendido

Esta hipótesis fue contrapuesta por el fiscal jefe Santiago Gómez Gauna. En primer lugar, sostuvo que el Código de Procedimientos de Río Negro estipula taxativamente que cuando se va a pedir una pena mayor a los 12 años de prisión corresponde el juzgamiento mediante un jurado popular. Además, apuntó que “la idea de que una persona común puede ser más influenciable que un juez técnico ha sido formulada por personas respetables, pero que nunca fue demostrada”. Y puso sobre la mesa que esos mismos medios, cuestionados por Segovia y Vila, reflejaron la posición del acusado en más de una oportunidad.

Leé también: Caso Facundo Castillo: los amigos del imputado insisten en que fue un accidente

El querellante, Juan Manuel Coto, también rechazó el pedido de los defensores y trajo a colación fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de la provincia: “en el caso Rebolledo, se cuestionó el juicio por jurados porque podrían sentarse en el jurado personas que fueron vecinos de la víctima. El cuerpo consideró que los vecinos de Catriel merecían tener la oportunidad de juzgar a esa persona”, comentó.

Vila Llanos cerró su defensa apuntando a que en ese futuro juicio habrá “cuestiones técnicas que sólo un juez técnico puede comprender”.

La jueza Caruso demolió los argumentos de los abogados de Castillo: para empezar, rechazó la posibilidad de que pudiera “renunciar a su derecho” porque el Código de Procedimientos de Río Negro le atribuye la exclusividad de la convocatoria al ministerio público fiscal. Si la “intención punitiva es de 12 años o más, corresponde convocar al jurado popular”.

También desarrolló el tema de la selección de ese jurado: se realiza mediante un sorteo en el que participan todos los empadronados en el ámbito de la IV Circunscripción, desde Fernández Oro a Catriel. Luego, se realiza una audiencia de selección, en la que tanto la defensa como la fiscalía tienen la posibilidad de rechazar a uno de los seleccionados. Hasta sin causa.

“Hay muchos casos que han sido mediatizados, incluso más que este. Y el juicio por jurado se llevó adelante igual”, planteó la jueza. También sostuvo que plantear un riesgo de parcialidad, antes incluso de que se realice el sorteo, es una medida abstracta que significaría un prejuzgamiento.