El hombre había realizado una compra a través de Dafiti, una multinacional que se dedica a la venta electrónica de indumentaria y artículos de belleza. Fundada en 2011 en Brasil, ese mismo año se extendió por varios países de Latinoamérica. En septiembre del año pasado anunció el cierre de su medio argentino, debido a la inflación y a las restricciones a la importación.

Pero en noviembre de 2022 la empresa operaba con normalidad, así que este cliente realizó una compra de ropa y calzado a través de la plataforma por un total de 150.000 pesos de ese momento. Le extentieron una guía de encomienda y le avisaron que recibiría la encomienda a través del Correo Argentino. Pero cuando la recibió, se encontró la sorpresa desagradable: adentro había solamente palos de madera, cartones y plásticos envueltos con una cinta adhesiva con “logos del correo postal”.

La jueza de paz de nuestra ciudad, Gabriela Montorfano, analizó la documentación y las respuestas del Correo, y definió que debía pagarle al frustrado cliente una suma de 300.000 pesos: 150.000 en concepto de devolución, por la mercadería que nunca recibió; y una suma similar en concepto de indemnización por daño moral. A esos montos se deben sumar los intereses que se computarán desde el día de la erogación, pues “es el perjuicio económico que el actor ha probado que ha padecido”.

En base a la prueba reunida, es evidente que “ambas empresas conocieron el reclamo inmediatamente después de recibido el paquete por el actor y ninguna de las dos promovió una solución” explicitó Montorfano.

“Ante el incumplimiento del contrato el consumidor puede exigir el cumplimiento forzado de la obligación, aceptar otro producto/servicio o bien rescindir el contrato”, remarcó la jueza de paz. Mientras que las demandadas “están obligadas a cumplir con la norma y deben responder de manera solidaria”.