En un contexto alarmante de creciente pobreza infantil, el Gobierno argentino ha activado su «motosierra» en el sector más vulnerable de la población: los niños. Casi nueve millones de niños y niñas viven en la pobreza en Argentina, según advierte UNICEF, y ahora se ven aún más afectados por el despido de cientos de trabajadores y la desactivación de programas nacionales de asistencia y acompañamiento que operaban en todo el país.

Becas, construcción de centros de primera infancia, prevención del embarazo adolescente, capacitación contra la violencia infantil y asistencia económica directa son solo algunas de las prestaciones en riesgo debido a estos recortes. El despido de 348 trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, actualmente reemplazada por la Subsecretaría de Políticas Familiares, ha llevado a la paralización de áreas específicas encargadas de garantizar los derechos de la infancia.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ha alertado sobre la interrupción de varios programas que buscaban asegurar los derechos de esta población. Por ejemplo, el Programa de Acompañamiento para el Egreso que proporciona un subsidio mensual para adolescentes que dejan los hogares de tránsito y comienzan su vida adulta aún no ha pagado el mes de febrero a los 2.489 jóvenes beneficiarios. Otro programa afectado es el Programa Nacional de Primera Infancia, que incluye más de dos mil Centros de Desarrollo Infantil en provincias, municipios y ONGs, donde se han dejado de pagar las becas y se han paralizado las obras de refacción.

Incluso las leyes Lucio y Brisa, que brindan capacitación y reparación económica a niños, niñas y adolescentes, están paralizadas. El número de beneficiarios de la Ley Brisa no ha aumentado desde diciembre de 2023. Además, los apoyos económicos y técnicos a las provincias, municipios y ONGs se han interrumpido, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de brindar acompañamiento en salud, crianza y cuidado.

El informe reciente de UNICEF también destaca la reducción del presupuesto nacional destinado a la infancia y la falta de transparencia en la asignación de recursos. Esta falta de financiamiento compromete el cumplimiento de la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que establece la intangibilidad de los fondos destinados a esta población.

Además, el recorte de la obra pública ha afectado a los centros de desarrollo infantil, con proyectos que están paralizados y la falta de construcción de nuevos centros. Programas educativos, becas, plan para prevenir el embarazo adolescente, entre otros, también están siendo parte de este ajuste.

Los recortes del Gobierno argentino están poniendo en riesgo los derechos de millones de niños en el país. La falta de financiamiento, los despidos y la desarticulación de programas de asistencia y acompañamiento están generando una crisis profunda con consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo. Es urgente que se reviertan estas medidas y se garantice el bienestar y los derechos de la infancia en Argentina.