La discusión alrededor de la reforma previsional continúa siendo un tema álgido en el ámbito político del país. El Gobierno se encuentra en un estado de alerta, preparándose para vetar un proyecto que ya ha conseguido media sanción en la Cámara de Diputados y que prevé un incremento de 7,2% en todos los haberes previsionales de la ANSES con efecto retroactivo a abril.

Este incremento impactaría directamente en las jubilaciones, generando preocupación en las autoridades gubernamentales sobre las implicancias fiscales de esta medida.

Según fuentes cercanas a Balcarce 50, una de las cláusulas más conflictivas es aquella que exige a la ANSES saldar, en un plazo de seis meses, todas las deudas con cajas previsionales provinciales y las deudas con jubilados que obtuvieron sentencias judiciales a su favor por reajustes de haberes. Esta disposición se presenta como un desafío significativo para el equilibrio fiscal del país.

El debate en torno a este proyecto se intensificó con la postura contundente del presidente Javier Milei, quien en repetidas ocasiones ha manifestado su intención de vetar la ley en caso de que el Senado le dé su aprobación.

En su intervención durante el Latam Economic Forum en junio, Milei enfatizó su compromiso con el equilibrio fiscal, haciendo declaraciones tan directas como: ‘Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo.’ Esta visión estricta del manejo fiscal ha polarizado aún más el debate en el congreso y en la sociedad en general.

Actualmente, el sistema de jubilaciones en funcionamiento fue establecido por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Milei en marzo. Este nuevo régimen vincula las jubilaciones al Indice de Precios al Consumidor (IPC) además de una recomposición del 12,6% en marzo.

Por otro lado, el proyecto en debate en el Senado, bajo el nombre de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, propone un sistema híbrido que combina el IPC con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y un incremento adicional del 8,1% para los haberes jubilatorios.

Sectores de la oposición, como el radicalismo, el kirchnerismo y Hacemos Coalición Federal, han manifestado su apoyo al proyecto en cuestión, lo que sumado a la demora en el debate en la cámara alta provocado por fuerzas favorables al gobierno, ha alimentado más la controversia y las especulaciones sobre el destino final de la propuesta.