Una escuela con 13 balazos en la entrada. Una nota en la pared del colegio, confirmando la feroz disputa entre bandas narco por el territorio. Padres y madres lógicamente atemorizados. Y en simultáneo, una campaña electoral que despunta.

La combinación de esos hechos y sensaciones puede resultar peligrosa para Roca.

En la ciudad no hay indicios sobre una disputa política por el poder municipal y provincial diferente a las anteriores.

Los primeros escarceos permiten ver que se viene otra etapa de esas en las que el inconsciente queda cerca de los labios de los candidatos.

Por eso, no debería sorprender que en pocas semanas se escuche o se lea cada vez más seguido que “Roca es Rosario”.

Roca no es Rosario.

El departamento santafesino que contiene a la ciudad superó esta semana el triste récord de 200 asesinatos en ocho meses, con un brutal costado: cada vez más bebés, niños y adolescentes son víctimas de los crímenes.

Por lo tanto, sería aconsejable evitar las comparaciones ligeras, para evitar que se desvirtúe el debate sobre un problema que, aun en su menor escala, es grave y urgente.

Roca no es Rosario, pero debe salir rápido del camino que conduce a ese terreno donde el Estado es invisible y la violencia reina.

Fue una buena señal que esta semana se reunieran en la ciudad la ministra de Seguridad, el jefe de la Policía, la intendenta, fiscales provinciales y federales, entre otros funcionarios de todas las esferas estatales, para debatir un plan de acción y generar entre las familias de barrio Nuevo una sensación más cercana a la seguridad.

La cumbre fue relevante, pero no oculta un dato central: la política llega tarde a la escena.

La comunidad educativa de la escuela 357 y del jardín 97 viene esquivando balas desde principios de año, con una afectación notable al derecho a la educación de sus hijos, que recién este lunes volverían a clases, después de casi dos semanas de inasistencia forzada por el miedo.

Las autoridades saben que están en falta y tal vez por eso evitaron hacer la reunión del jueves en el colegio, como querían las familias, limitando la participación a un puñado de madres y evitando también que la prensa registre el debate e informe a los vecinos interesados en el tema.

La cuidada comunicación oficial del gobierno provincial habló luego de “la relevancia de poder trabajar de manera coordinada con todos los referentes y representantes de las partes que incumben a la problemática, de manera integral y en todos los aspectos”.

Se prometieron refuerzos con el grupo especial COER, se dispuso que un policía vigile las 24 horas la escuela, se reubicó una cámara para que registre todo lo que ocurre en el frente del colegio y se informaron los avances de obra de la futura Subcomisaría en el barrio Nuevo “para la cual ya se cuenta con su planificación de recursos y personal”.

Esa dependencia fue anunciada en octubre del 2021, cuando la misma prensa oficial dijo que “la intención es poder contar con la nueva unidad policial para los primeros meses de 2022”.

De todas maneras, una subcomisaría, un patrullero en la puerta del establecimiento o una cámara difícilmente sirvan para mover la aguja de los vecinos, en su valoración sobre el aporte de las autoridades a la seguridad cotidiana.

Las investigaciones efectivas y la desarticulación de las redes delictivas son las pruebas que demandan esas familias, para confirmar que los funcionarios dan la talla ante el complejo desafío de desterrar la impunidad.