En una histórica sesión que se extendió más allá de la medianoche, el Senado de la Nación aprobó en general la Ley Bases, un proyecto que sienta las bases de una serie de reformas económicas propuestas por el gobierno, y que representa el primer triunfo legislativo del polémico economista Javier Milei. El texto, que incluye delegaciones de poderes al Ejecutivo, privatizaciones, cambios en el impuesto a las ganancias y monotributo, entre otras medidas, ha generado un intenso debate en la cámara alta.

Uno de los puntos clave de la Ley Bases es la declaración de emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas por un año, lo que otorga al Ejecutivo poderes especiales para tomar medidas extraordinarias. Además, se establece la privatización de empresas estatales como Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales, mientras que se excluyen de esta medida compañías como Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Otro aspecto relevante de la Ley Bases es la disolución, fusión o modificación de organismos públicos. Se limitó la capacidad del Ejecutivo para disolver organismos públicos, incorporando 15 entes e institutos que no podrán ser disueltos, incluyendo el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

A su vez, se contempla una reforma laboral que extiende el período de prueba a seis meses, elimina multas por trabajo no registrado y establece un fondo de cese laboral para indemnizaciones, además de la posibilidad de contratar un seguro de desempleo.

Dentro del proyecto también se establece un Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) para inversiones de al menos US$200 millones, con beneficios fiscales y aduaneros, y la promesa de una entrega de recursos naturales a inversores extranjeros por 30 años. También se definieron compromisos de contratación de proveedores locales en las inversiones.

Por último, el monotributo social se mantiene, con un esquema diferente que incluye un monto mínimo de jubilación obligatorio y la opción de contar con una obra social.