En los tribunales, en la política, en las conversaciones grupales, se empezó a popularizar la consigna de que es mejor evitar conflictos prolongados y asegurarse un acuerdo que evite riesgos y desgastes innecesarios. Muchos habrán pronunciado alguna vez la sentencia de que “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”, como una forma de cerrar un trato.

¿Pero será cierto? Hace un tiempo, el Poder Judicial de Río Negro apostó a las mediaciones y a la posibilidad de llegar a acuerdos que eviten procesos farragosos y permitan agilizar la resolución de conflictos. Para eso creó 13 Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CMIRC), y delegaciones que funcionan en toda la provincia. El resultado: el año pasado el 60,8 % de las causas civiles que ingresaron pudieron resolverse con acuerdo de partes. Más difícil fue en el ámbito laboral, donde el acuerdo llegó en el 44 % de las causas.

En total, fueron más de 3.900 conflictos por reclamos civiles, comerciales y de familia se resolvieron a través de acuerdos de mediación en Río Negro, y más de 500 demandas laborales no necesitaron ir a juicio porque se resolvieron mediante una conciliación laboral.

Estos Centros Integrales funcionan con cabecera en Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti; y delegaciones en San Antonio Oeste, Sierra Grande, Villa Regina, Choele Choel, Allen, Río Colorado, El Bolsón, Cinco Saltos y Catriel. Sus indicadores del año judicial 2021, según las estadísticas que lleva el Centro de Planificación Estratégica, muestran un 42,8% más de ingresos de casos civiles, comerciales y de familia con respecto a 2020, y un 98% más de ingresos de casos laborales con respecto al mismo año.

Se recibieron 12.118 legajos durante 2021 por conflictos de familia y patrimoniales, y otros 2.198 legajos por disputas relacionadas con el trabajo. Ambos números reflejan drásticos incrementos con respecto a los ingresos de 2020.

Del total de dilemas familiares o patrimoniales que fueron sustanciados, el 60,8% terminó con un acuerdo de partes, evitando así que el conflicto se convierta en un juicio. De los conflictos laborales sustanciados, el 43,9% se resolvió con acuerdos entre trabajadores y empleadores, sin necesidad de tramitar un juicio laboral. Las conciliaciones laborales llevadas adelante en la Secretaría de Estado de Trabajo y sus delegaciones, por su parte, sumaron más de 820 resoluciones con acuerdo de partes que no tendrán que dirimirse en futuros juicios.

Más de la mitad de los conflictos ingresados a los Cimarc se pudieron tratar en reuniones presenciales o virtuales entre las partes afectadas: se sustanciaron 6.424 legajos civiles y familiares y 1.148 conciliaciones laborales. Las mediaciones que no fueron sustanciadas responden a que alguna de las partes, o ambas, no asistieron a las reuniones convocadas o desistieron de las mismas. En este punto, cabe recordar que la mediación prejudicial y la conciliación laboral prejudicial son obligatorias como una instancia de acceso a justicia rápida y gratuita que las personas deben intentar, pero la ley no obliga a las partes a permanecer en la negociación ni a alcanzar acuerdos si no lo desean, puesto que siempre conservan la chance de entablar un juicio tradicional en el fuero que corresponda.

Además, en todos los indicadores (cantidad de ingresos, sustanciaciones y acuerdos alcanzados) los números son superiores a los registrados pre-pandemia, en el año judicial 2019.

Temáticas principales

Tal como viene ocurriendo desde el inicio del sistema integral de mediación en la provincia, las temáticas de Familia representan la gran mayoría de los conflictos ingresados y son las que mantienen los más altos índices de resolución positiva. El 45,4% de los legajos ingresados en 2021 fueron por reclamos de cuotas alimentarias y el 19,8% fueron conflictos derivados del ejercicio de la responsabilidad parental hacia los hijos e hijas, donde se incluyen las problemáticas por el régimen de comunicación.

El 12,35% fueron reclamos económicos por daños y perjuicios, donde se enmarcan todos los conflictos civiles o comerciales en los que se discuten resarcimientos económicos, ya sea por daños en un siniestro vial, por incumplimiento de algún contrato, por pagos adeudados de cualquier tipo o por reclamos de Defensa del Consumidor, entre otros.

El resto de los casos ingresados son múltiples temáticas de Familia, desalojos, conflictos vecinales, reclamos de escrituración, entre otras.