Ayer (09/10) a la mañana se concretó el control de acusación de un legajo fiscal iniciado a raíz de una alerta internacional proveniente de la organización National Center for Missing and Exploited Children, a través del convenio con la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con el Ministerio Público de Río Negro.

En este caso, la imputación se basa en dos hechos que serán llevados a juicio por la calificación legal de «tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada, en concurso ideal con facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada, ello en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada», según los Artículos 45, 54, 55 y 128, 1°, 2° y 5° párrafo, todos del Código Penal.

Al hombre de 31 años de General Roca se le imputaron hechos que fueron ordenados por el equipo fiscal en dos hechos; el primero se ubicó en enero de 2022, «cuando el imputado a través de su celular facilitó la visualización y distribución a terceras personas compartiendo por WhatsApp videos de niños y niñas menores de 13 años», describió el fiscal del caso.

El segundo fue entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, momento en que se concretó el allanamiento y secuestro del celular. «Se constató que en el teléfono del hombre había almacenadas imágenes de actividades sexuales de niños y niñas menores de 13», añadió la Fiscalía.

La prueba que fue presentada por el Ministerio Público Fiscal para concretar el juicio consiste, entre otra, en los informes del Cuerpo de Investigación Judicial, el acta de allanamiento; el médico del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial; el director de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público, los informes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados; El informe de la empresa Movistar.

El paso que sigue en este proceso penal que se lleva contra el imputado es que se fije la audiencia de juicio frente a un Tribunal Colegio, ya que teniendo en cuenta el hecho y la calificación, la pena a solicitar por el Ministerio Público Fiscal será superior a los 3 años de prisión.

Ayer (09/10) a la mañana se concretó el control de acusación de un legajo fiscal iniciado a raíz de una alerta internacional proveniente de la organización National Center for Missing and Exploited Children, a través del convenio con la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y éste a su vez con el Ministerio Público de Río Negro.

En este caso, la imputación se basa en dos hechos que serán llevados a juicio por la calificación legal de «tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada, en concurso ideal con facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada, ello en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil agravado por tener la víctima menos de 13 años de edad reiterada», según los Artículos 45, 54, 55 y 128, 1°, 2° y 5° párrafo, todos del Código Penal.

Al hombre de 31 años de General Roca se le imputaron hechos que fueron ordenados por el equipo fiscal en dos hechos; el primero se ubicó en enero de 2022, «cuando el imputado a través de su celular facilitó la visualización y distribución a terceras personas compartiendo por WhatsApp videos de niños y niñas menores de 13 años», describió el fiscal del caso.

El segundo fue entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, momento en que se concretó el allanamiento y secuestro del celular. «Se constató que en el teléfono del hombre había almacenadas imágenes de actividades sexuales de niños y niñas menores de 13», añadió la Fiscalía.

La prueba que fue presentada por el Ministerio Público Fiscal para concretar el juicio consiste, entre otra, en los informes del Cuerpo de Investigación Judicial, el acta de allanamiento; el médico del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial; el director de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público, los informes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados; El informe de la empresa Movistar.

El paso que sigue en este proceso penal que se lleva contra el imputado es que se fije la audiencia de juicio frente a un Tribunal Colegio, ya que teniendo en cuenta el hecho y la calificación, la pena a solicitar por el Ministerio Público Fiscal será superior a los 3 años de prisión.