El fiscal federal Matías Zanona no aceptó incluir los testimonios de integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en una causa en la que se investiga a esa organización. «Demostró así su falta de imparcialidad para sostener la investigación y por ese motivo se solicitó su apartamiento de la causa» aseguraron desde el FOL. 

En 2017 se inició una causa contra cuatro integrantes del FOL Fiske Menuco. A principios de este año, el fiscal Zanona acordó con los abogados defensores incorporar nuevas declaraciones. Por primera vez, tras siete años de investigación, la Justicia iba a escuchar a integrantes de esa organización. Sin embargo, el fiscal desconoció el acuerdo y pidió al juez la elevación a juicio sin haber incorporado los testimonios.

“La negativa de incorporar a los testigos que propusimos da cuenta de la animosidad de la fiscalía”, cuestionó el abogado del FOL, Mariano Pedrero. “Es evidente que el procesamiento criminaliza una forma de organización social, ya que los hechos imputados resultan imprecisos, amplios y ambiguos”, indicó. Y agregó que “en el proceso se cuestionan los criterios y pautas establecidos por el FOL y ellos, pueden gustarnos o no, podemos compartirlos o no, pero de ninguna manera se puede afirmar que sean delictivos”. 

La causa investiga por graves delitos a cuatro personas que integraban el FOL en 2017. La acusación, impulsada por el entonces armador político del PRO y ahora libertario Nicolás Suárez Colmann, «ataca las formas de organización de quienes son parte de la clase trabajadora excluida de los mercados formales de trabajo. Y para ello se vale de figuras penales de gravedad no asociadas a la protesta social, como es habitualmente» denunciaron en un comunicado desde la organización. 

A su vez, aseguran que «en la investigación, la Policía Federal realizó escuchas telefónicas a integrantes del FOL, tareas de inteligencia en los barrios donde el FOL realiza cotidianamente sus actividades y allanamientos en las casas de las personas acusadas». 

Desde el FOL sostienen que esta acusación evidencia la persecución política ya que realiza una reconstrucción de los hechos seleccionando solo algunas de las pruebas y utiliza generalidades para imputar delitos graves y por otro lado, que en el proceso se desestima la organización colectiva y las instancias asamblearias de resolución para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organización. 

«Que la Justicia Federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organización social compuesta casi en su totalidad por mujeres que se dedican a trabajar para mejorar la vida de sus comunidades mediantes equipos de trabajo, sosteniendo comedores y merenderos, y sosteniendo cotidianamente espacios de cuidado, evidencia cómo la Justicia persigue de manera infundada a los más pobres, gastando importantes recursos del Estado, al tiempo que no investiga los verdaderos graves delitos de los ricos de la región» finalizaron.