Ottavio Gigli, el ciudadano italiano radicado en Roca que fue condenado hace unos años a prisión por haber asesinado a su mejor amigo, el contador Guillermo Martínez, seguirá preso en el Establecimiento de Ejecución Penal II de Roca ya que la justicia le negó el «extrañamiento», es decir el pedido para ser expulsado a Italia que solicitó en agosto de este año.

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El juez de Ejecución Penal Fernando Romera resolvió el 12 de septiembre a una apelación interpuesta por la defensa de Gigli que insistía en el pedido para que se revisara la calificación del condenado dentro del penal, una evaluación que efectúa la justicia en base a los informes entregados por el establecimiento carcelario y que puede determinar el acortamiento de los plazos de detención. 

El defensor penal adjunto, Máximo Ballvé Bengolea indicó que basó su pedido en una presentación por parte de la Fiscalía, en la cual ésta se oponía a que se tuviera en cuenta las reducciones previstas en el artículo 140 del Código para determinar la fecha en que Gigli estaría en condiciones de ser expulsado, en este caso a Italia.

La defensa detalló que la pena de 19 años fijada para su defendido se extinguiría el 31 de marzo de 2035 pero que teniendo en cuenta el cómputo original, desde el 30 de septiembre de 2025 ya estaría en condiciones de acceder a las salidas transitorias. A partir de una modificación se produjeron reducciones en los plazos y la fecha en la que Gigli podría acceder a los beneficios quedó en el 12 de enero de 2025. Teniendo en cuenta todo eso, Ballvé Bengolea consideró que desde ese momento podría ejecutarse la expulsión a Italia ya resuelta por la Dirección Nacional de Migraciones.

Sin embargo la reciente resolución de Romera, rechazando la apelación del abogado de Gigli, quien pedía que se revisara las calificaciones otorgadas al condenado por su conducta dentro del penal, determina que por el momento no habrá extrañamiento a Italia para Gigli.

 

El extrañamiento es una potestad que tiene el Estado Nacional contemplada en la Ley de Migraciones N° 25.871, que estipula que los ciudadanos de otra nacionalidad condenados por cualquier delito en la Argentina pueden ser expulsados cuando alcanzan el cumplimiento de la mitad de la condena impuesta y no cuenten con otros procesos judiciales abiertos.