El municipio de General Godoy vive un lunes convulsionado, luego de la detención del intendente, Luis Ivancich, durante el fin de semana. La oposición política pidió esta mañana la destitución del jefe comunal, asegurando que esta nueva causa penal no hizo más que confirmar el perfil violento del dirigente del Frente de Todos.

“Es la quinta denuncia por hechos similares que se hace contra el intendente”, sostuvo el edil Luis Figueroa en diálogo con RÍO NEGRO.

El representante de Juntos Somos Río Negro recordó que el mandatario tuvo otras reacciones violentas antes del hecho del sábado pasado en Cipolletti, en el que Ivancich habría destrozado el vidrio de un ómnibus de larga distancia luego de un incidente de tránsito.

“Ya fue denunciado por agredir a la secretaria del Concejo, por agredir a la secretaria general de ATE en esta zona (Rosa Ñanco), por agredir al exconcejal (Gabriel) Musa… está claro que este hombre no puede seguir siendo representante de nuestra localidad”, dijo Figueroa a este medio.

En Godoy la intendencia está en manos del Frente de Todos, pero Juntos Somos Río Negro tiene la presidencia y vice del Deliberante.

La titular de ese cuerpo, Milagros Chirino, junto a Figueroa, protagonizaron esta mañana una conferencia de prensa, donde explicaron los pasos a seguir para lograr que Ivancich deje su cargo.

Esa exposición se hizo en el salón del Concejo y bajo un clima de alta tensión, ya que en el lugar se presentaron colaboradores y seguidores del jefe comunal, quienes cruzaron acusaciones con vecinos que llegaron para respaldar a los ediles opositores.

Hay que recordar que el municipio de Godoy no tiene Carta Orgánica, por lo tanto su organización institucional se rige por la Ley 2.353 y por la Constitución de Río Negro.

Esa primera normativa prevé desde el artículo 47 al 52 los mecanismos para la realización del proceso de revocatoria a un intendente, estableciendo inicialmente la necesaria declaración del Concejo Deliberante, para seguir con un referéndum popular. El legislativo puede abordar formalmente el caso si se logra antes que un 10% del padrón de electores avale la apertura del proceso de revocatoria.

Por otra parte, el artículo 98 de la Ley de Municipios también habilita la suspensión y apartamiento preventivo de un intendente o de un concejal, requiriendo para ello del voto de dos tercios del cuerpo legislativo local.

Esa meta es de difícil alcance para la oposición local, por dos razones: primero, porque deberían lograr que alguno de los dos ediles del Frente de Todos acompañe el pedido de JSRN. Y segundo, porque la ley permite ese camino para los casos en que se haya dictado en contra de un representante municipal la “prisión preventiva firme por delito doloso, cuya pena mínima supere un (1) año de prisión o reclusión”.

Ivancich enfrenta cargos por el delito de lesiones leves y su abogado, Federico Diorio, explicó esta mañana en declaraciones radiales que el Código prevé menos de un año de prisión como pena máxima.