El caso de una persona de 94 años que era sometida a malos tratos físicos y psicológicos por parte de su propio hijo, conmocionó a la justicia y a los vecinos que se enteraron de la situación. El hombre se quedaba con el dinero de la jubilación y la pensión y no se encargaba de las necesidades mínimas de su madre. Pero la oportuna intervención de su nieta puso las cosas en su lugar: la justicia determinó que debía recuperar su independencia económica.

Casos como este se repiten en toda nuestra geografía. Fabiana Sandoval, responsable del Hogar Rosa Padín para Adultos Mayores, precisó que “el abuso económico es el caso más típico de violencia contra las personas mayores”. Desde quitarle el manejo de sus propios recursos (sea una jubilación o una pensión), a disponer si su autorización de las propiedades (vehículos, vivienda).

Pero atentos: “no brindarles la atención médica ni los cuidados que corresponden también se considera una forma de abuso”, precisó Sandoval. Para esto se valen de la vulnerabilidad en que se encuentran las personas para hacerles firmar papeles en contra de su voluntad; o para disponer a su antojo de las posesiones sin tener en cuenta la voluntad del afectado.

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Los que tienen alguna sospecha de que pueda estar ocurriendo una situación así, tienen varias vías para tramitar la denuncia. Una alternativa es dirigirse a la Comisaría de la Familia (ubicada al lado de la Tercera, en la calle 25 de mayo casi Sarmiento). También pueden tramitar ante un juzgado de paz (San Martín al 800), o ante el equipo técnico de la Subsecretaría de los Adultos Mayores, ubicado en la calle Isidro Lobo. También se reciben en el Hogar Rosa Padín, que los deriva al área técnica.

“Sí, nos llega gente a hacer denuncias al hogar. Como residencia no intervenimos, hacemos la derivación. Hay un equipo técnico local que es el que está en la intervención en el territorio”, precisó Sandoval. La directora precisó que “en caso de que sea de extrema urgencia, y que la persona necesite estar a resguardo, si tenemos disponibilidad hacemos el ingreso”.

También apuntó que luego de la urgencia “se trabaja para ver si tiene otra alternativa a la institucionalización. Nuestra residencia alberga a adultos mayores que no tenga patologías psiquiátricas avanzadas. Que no tengan una gran dependencia. Si reúne los requisitos y si el adulto está de acuerdo, se puede hacer la integración”.

La titular del hogar resaltó que “el nuevo paradigma habla del adulto como sujeto de derecho. El adulto puede decidir. Por eso es importante consultarlo sobre su decisión”.

En el caso que sensibilizó a la comunidad ocurrió en San Antonio Oeste. El hijo y el nieto convivían con la mujer y se apoderaban de sus ingresos. Según los testimonios el nieto y el hijo “se aprovecharían de la situación en que se encuentra la adulta mayor, haciéndose cargo de su casa y administrando sus ingresos”, que provienen de una pensión y una jubilación.

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Incluso dieron cuenta que “hace un mes que no tiene gas” y cocinan con leña, porque no pagaron. Una autoridad policial informó en el expediente que el nieto “cuenta con un importante prontuario delictual, sumado a la problemática de consumo que padecería”.

Incluso cuando falleció el marido de la anciana, el hijo “le hizo firmar documentación por el seguro y otros papeles a su favor”.

Todo se mantuvo en esa forma hasta la intervención de la nieta, que hizo una denuncia. La sentencia enmarcó el caso como de violencia familiar. Luego definió los conceptos de violencia emocional, psicológica y económica. “El Artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de la persona mayor, la persona mayor tiene derecho a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada”, añadió.

Finalmente dispuso la exclusión del hogar para el hijo. Solo podrá llevarse “ropas, efectos personales y elementos de trabajo”. Le prohibió acercarse a menos de 300 metros del domicilio. También ordenó rondas policiales periódicas cercad de la vivienda.

Asimismo, determinó que “debe abstenerse de actos de violencia o efectuar reclamos por cualquier vía de comunicación, incluyendo redes sociales que hagan mención a la situación familiar”.

Además, prohibió que “retire dinero de la cuenta bancaria” donde la mujer recibe su jubilación y pensión. Asimismo, “deberá reponerle el DNI y la tarjeta de débito”.

El caso de una persona de 94 años que era sometida a malos tratos físicos y psicológicos por parte de su propio hijo, conmocionó a la justicia y a los vecinos que se enteraron de la situación. El hombre se quedaba con el dinero de la jubilación y la pensión y no se encargaba de las necesidades mínimas de su madre. Pero la oportuna intervención de su nieta puso las cosas en su lugar: la justicia determinó que debía recuperar su independencia económica.

Casos como este se repiten en toda nuestra geografía. Fabiana Sandoval, responsable del Hogar Rosa Padín para Adultos Mayores, precisó que “el abuso económico es el caso más típico de violencia contra las personas mayores”. Desde quitarle el manejo de sus propios recursos (sea una jubilación o una pensión), a disponer si su autorización de las propiedades (vehículos, vivienda).

Pero atentos: “no brindarles la atención médica ni los cuidados que corresponden también se considera una forma de abuso”, precisó Sandoval. Para esto se valen de la vulnerabilidad en que se encuentran las personas para hacerles firmar papeles en contra de su voluntad; o para disponer a su antojo de las posesiones sin tener en cuenta la voluntad del afectado.

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Los que tienen alguna sospecha de que pueda estar ocurriendo una situación así, tienen varias vías para tramitar la denuncia. Una alternativa es dirigirse a la Comisaría de la Familia (ubicada al lado de la Tercera, en la calle 25 de mayo casi Sarmiento). También pueden tramitar ante un juzgado de paz (San Martín al 800), o ante el equipo técnico de la Subsecretaría de los Adultos Mayores, ubicado en la calle Isidro Lobo. También se reciben en el Hogar Rosa Padín, que los deriva al área técnica.

“Sí, nos llega gente a hacer denuncias al hogar. Como residencia no intervenimos, hacemos la derivación. Hay un equipo técnico local que es el que está en la intervención en el territorio”, precisó Sandoval. La directora precisó que “en caso de que sea de extrema urgencia, y que la persona necesite estar a resguardo, si tenemos disponibilidad hacemos el ingreso”.

También apuntó que luego de la urgencia “se trabaja para ver si tiene otra alternativa a la institucionalización. Nuestra residencia alberga a adultos mayores que no tenga patologías psiquiátricas avanzadas. Que no tengan una gran dependencia. Si reúne los requisitos y si el adulto está de acuerdo, se puede hacer la integración”.

La titular del hogar resaltó que “el nuevo paradigma habla del adulto como sujeto de derecho. El adulto puede decidir. Por eso es importante consultarlo sobre su decisión”.

En el caso que sensibilizó a la comunidad ocurrió en San Antonio Oeste. El hijo y el nieto convivían con la mujer y se apoderaban de sus ingresos. Según los testimonios el nieto y el hijo “se aprovecharían de la situación en que se encuentra la adulta mayor, haciéndose cargo de su casa y administrando sus ingresos”, que provienen de una pensión y una jubilación.

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Incluso dieron cuenta que “hace un mes que no tiene gas” y cocinan con leña, porque no pagaron. Una autoridad policial informó en el expediente que el nieto “cuenta con un importante prontuario delictual, sumado a la problemática de consumo que padecería”.

Incluso cuando falleció el marido de la anciana, el hijo “le hizo firmar documentación por el seguro y otros papeles a su favor”.

Todo se mantuvo en esa forma hasta la intervención de la nieta, que hizo una denuncia. La sentencia enmarcó el caso como de violencia familiar. Luego definió los conceptos de violencia emocional, psicológica y económica. “El Artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de la persona mayor, la persona mayor tiene derecho a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada”, añadió.

Finalmente dispuso la exclusión del hogar para el hijo. Solo podrá llevarse “ropas, efectos personales y elementos de trabajo”. Le prohibió acercarse a menos de 300 metros del domicilio. También ordenó rondas policiales periódicas cercad de la vivienda.

Asimismo, determinó que “debe abstenerse de actos de violencia o efectuar reclamos por cualquier vía de comunicación, incluyendo redes sociales que hagan mención a la situación familiar”.

Además, prohibió que “retire dinero de la cuenta bancaria” donde la mujer recibe su jubilación y pensión. Asimismo, “deberá reponerle el DNI y la tarjeta de débito”.