El Gobierno liderado por Javier Milei continúa con su despiadado ajuste económico, esta vez apuntando directamente al corazón de la educación pública. Las universidades nacionales se encuentran en una situación límite, sin el presupuesto necesario para seguir funcionando y enfrentando un futuro incierto.

En medio de una inflación récord y con un aumento del costo de vida que supera el 250% anual, el Gobierno de Milei no asignó un solo peso más al presupuesto de las universidades nacionales en comparación con el año anterior. Esta medida representa un ajuste brutal que pone en riesgo la continuidad de las instituciones académicas.

Las universidades nacionales advierten que, de no recibir un aumento inmediato en las partidas presupuestarias, podrían cerrar sus puertas en tan solo dos meses. Frente a esta situación crítica, las autoridades de las diferentes universidades declararon la «emergencia económica» con el fin de poner en relieve la gravedad del problema.

A pesar de los reclamos realizados tanto de forma individual como a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los diálogos con la Secretaría de Educación no han dado resultados positivos. La falta de sensibilidad y compromiso por parte de las instancias superiores encargadas de decidir sobre el presupuesto del sector público ha dejado a las universidades sin respuestas concretas.

Para empeorar la situación, el Gobierno de Milei ha frenado la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha estaba prevista para este año. Esta medida, sumada al ajuste presupuestario, pone en peligro el futuro de la educación superior en el país.

Si no se realizan correcciones inmediatas en las partidas presupuestarias, las 57 universidades nacionales distribuidas en todo el país no podrán hacer frente al pago de salarios ni a los servicios básicos de luz, agua y limpieza. Esto podría derivar en el cierre de las instituciones y dejar en la calle a aproximadamente 300 mil trabajadores docentes y no docentes, así como dejar a 2 millones y medio de estudiantes sin la posibilidad de continuar con sus estudios.

«Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones, pero no hay respuesta», asegura Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN. Ante la falta de soluciones, las autoridades están dispuestas a llevar el reclamo a todas las instancias necesarias para garantizar el presupuesto universitario como un derecho.

La situación es crítica en todas las universidades. Alicia Bohren, rectora de la Universidad de Misiones, advierte sobre la necesidad de mantener las políticas de inclusión estudiantil en un contexto de congelamiento presupuestario y alta inflación. Por su parte, desde la Universidad Nacional de Quilmes sostienen que nunca antes han estado tan cerca de un asfixio presupuestario que afecta no solo los salarios y el funcionamiento, sino también la investigación, la extensión, la cultura y la transferencia de conocimientos.

La falta de inversión en las universidades nacionales no solo pone en peligro la educación superior, sino también limita la capacidad de investigación y producción de conocimiento en el país. El futuro de miles de estudiantes y el desarrollo de la ciencia y la tecnología están en juego.