Pasaron 21 años. Una eternidad para los familiares de las víctimas. Un permanente desandar de recuerdos más dolorosos porque al final, la justicia nunca pudo determinar quién o quiénes fueron los responsables de la tragedia. Ocurrió un 23 de mayo de 2002, en el laboratorio de análisis clínicos ubicado en 25 de mayo y Roca, pleno centro de Cipolletti.

Tres mujeres murieron tras el brutal ataque: la bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio y la paciente Alejandra Carbajales. Pero pudieron haber sido cuatro: Ketty Karabatic entró a buscar los resultados de sus análisis cuando fue sorprendida por el asesino. Ella pudo sobrevivir a pesar de los dos disparos, las puñaladas y el ácido que le arrojó sobre el rostro.

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Y en tren de imaginarse: pudo haber sido peor si los tres nietos de Ketty se hubieran salido con la suya y la acompañaban. Un Dios aparte acompañó la decisión de la hija, que los conminó a quedarse sentados en el asiento trasero del auto. Fue la misma Bettina Bilbao la que minutos después, preocupada por el tiempo que pasaba su madre, fue en su búsqueda. Allí se encontró con un personaje oscuro: un individuo de una altura “normal”, que en ningún momento le miró a los ojos y con la capucha en su cabeza, esquivaba una visualización y cerraba la puerta con llave.

Bettina se desesperó; quiso abrir; empujó; pidió auxilio. Cuando al fin pudieron entrar, se encontraron con un panorama demoledor.

La psicóloga Marcovecchio, que tenía 30 años, fue la víctima con la que más se ensaño: apareció atada, con el rostro quemado con ácido acético y 13 puñaladas en el pecho, el abdomen y la espalda.

La bioquímica García (de 28 años), presentaba nueve puñaladas en diferentes partes del cuerpo y la cara quemada con ácido. Carbajales (40 años), una paciente que había ido a una consulta), fue encontrada tendida en un jardín interno, con puñaladas en el abdomen, los brazos y un profundo tajo en la garganta.

El ulular de las sirenas rasgó el aire de aquel atardecer de otoño. Hace 21 años, el Hospital de Cipolletti estaba apenas a unas 10 cuadras del lugar, en Fernández Oro y Sáenz Peña. Una de las mujeres ya había muerto. Las otras dos fallecieron algunos minutos después. Uno de los médicos de la guardia reveló que las puñaladas provocaron sangrías extremas. “No alcanzábamos a reponerles la sangre”, murmuraba consternado en la sala de emergencias.

 

La investigación y el juicio posterior tuvo sus bemoles. El gran sospechoso fue David Sandoval, un lavacoches que cuando era menor de edad había estado internado en un hogar de Neuquén y allí estuvo bajo tratamiento con Marcovecchio. En un primer juicio, el fiscal Edgardo Rodríguez Trejo, se abstuvo de acusar por considerar que las pruebas no alcanzaban para una condena. El Tribunal Superior de Justicia ordenó la realización de un nuevo juicio, entendiendo que no se habían evaluado bien las pruebas.

En ese segundo juicio, el tribunal sí llegó a un veredicto de culpabilidad y lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del principio de que “nadie puede ser juzgado dos veces”, por lo que Sandoval quedó en libertad.

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Había otro Sandoval: Javier Orlando, un delincuente menor, conocido en el ambiente policial. Si bien hubo varios testimonios que lo mostraban en proximidades de la escena del crimen, incluso oliendo a la misma sustancia que había sido arrojada a las víctimas, nunca fue acusado formalmente.

Javier Sandoval murió en una cárcel de Chubut, donde cumplía una condena de 10 años de prisión por abuso sexual agravado.

Un triple femicidio que quedará en la memoria colectiva de la sociedad rionegrina como un nuevo episodio de impunidad.

Pasaron 21 años. Una eternidad para los familiares de las víctimas. Un permanente desandar de recuerdos más dolorosos porque al final, la justicia nunca pudo determinar quién o quiénes fueron los responsables de la tragedia. Ocurrió un 23 de mayo de 2002, en el laboratorio de análisis clínicos ubicado en 25 de mayo y Roca, pleno centro de Cipolletti.

Tres mujeres murieron tras el brutal ataque: la bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio y la paciente Alejandra Carbajales. Pero pudieron haber sido cuatro: Ketty Karabatic entró a buscar los resultados de sus análisis cuando fue sorprendida por el asesino. Ella pudo sobrevivir a pesar de los dos disparos, las puñaladas y el ácido que le arrojó sobre el rostro.

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Y en tren de imaginarse: pudo haber sido peor si los tres nietos de Ketty se hubieran salido con la suya y la acompañaban. Un Dios aparte acompañó la decisión de la hija, que los conminó a quedarse sentados en el asiento trasero del auto. Fue la misma Bettina Bilbao la que minutos después, preocupada por el tiempo que pasaba su madre, fue en su búsqueda. Allí se encontró con un personaje oscuro: un individuo de una altura “normal”, que en ningún momento le miró a los ojos y con la capucha en su cabeza, esquivaba una visualización y cerraba la puerta con llave.

Bettina se desesperó; quiso abrir; empujó; pidió auxilio. Cuando al fin pudieron entrar, se encontraron con un panorama demoledor.

La psicóloga Marcovecchio, que tenía 30 años, fue la víctima con la que más se ensaño: apareció atada, con el rostro quemado con ácido acético y 13 puñaladas en el pecho, el abdomen y la espalda.

La bioquímica García (de 28 años), presentaba nueve puñaladas en diferentes partes del cuerpo y la cara quemada con ácido. Carbajales (40 años), una paciente que había ido a una consulta), fue encontrada tendida en un jardín interno, con puñaladas en el abdomen, los brazos y un profundo tajo en la garganta.

El ulular de las sirenas rasgó el aire de aquel atardecer de otoño. Hace 21 años, el Hospital de Cipolletti estaba apenas a unas 10 cuadras del lugar, en Fernández Oro y Sáenz Peña. Una de las mujeres ya había muerto. Las otras dos fallecieron algunos minutos después. Uno de los médicos de la guardia reveló que las puñaladas provocaron sangrías extremas. “No alcanzábamos a reponerles la sangre”, murmuraba consternado en la sala de emergencias.

 

La investigación y el juicio posterior tuvo sus bemoles. El gran sospechoso fue David Sandoval, un lavacoches que cuando era menor de edad había estado internado en un hogar de Neuquén y allí estuvo bajo tratamiento con Marcovecchio. En un primer juicio, el fiscal Edgardo Rodríguez Trejo, se abstuvo de acusar por considerar que las pruebas no alcanzaban para una condena. El Tribunal Superior de Justicia ordenó la realización de un nuevo juicio, entendiendo que no se habían evaluado bien las pruebas.

En ese segundo juicio, el tribunal sí llegó a un veredicto de culpabilidad y lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del principio de que “nadie puede ser juzgado dos veces”, por lo que Sandoval quedó en libertad.

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Había otro Sandoval: Javier Orlando, un delincuente menor, conocido en el ambiente policial. Si bien hubo varios testimonios que lo mostraban en proximidades de la escena del crimen, incluso oliendo a la misma sustancia que había sido arrojada a las víctimas, nunca fue acusado formalmente.

Javier Sandoval murió en una cárcel de Chubut, donde cumplía una condena de 10 años de prisión por abuso sexual agravado.

Un triple femicidio que quedará en la memoria colectiva de la sociedad rionegrina como un nuevo episodio de impunidad.