Fue un domingo de hace 25 años, 9 de noviembre de 1997. Una tarde típica de primavera, sin vientos y con un sol que entibiaba la piel e invitaba a salir a caminar. Las hermanas María Emilia y Paula González decidieron hacer un alto en sus tareas y pasaron a buscar a una amiga, Verónica Villar. Las tres vivían en un barrio tradicional de Cipolletti, el San Pablo. Las chicas fueron en auto hasta el Magister y decidieron pasear por la vía, por lo que entonces era una zona de chacras, unas pocas viviendas residenciales y la planta elaboradora de una empresa avícola.

Nunca más se las vio con vida. Sus cuerpos se encontraron a pocos metros del paso a nivel y Circunvalación, por lo que todo hizo suponer que habían sido “plantados” en el lugar. Hace 25 años, comenzaba a escribirse una historia diferente en la provincia, con profundos cambios en su armado institucional. Se crearon nuevos juzgados; se armaron nuevas estructuras policiales. Hasta una carrera específica empezó a dictarse desde una universidad pública (Criminalística). Pero en el fondo, se siguieron cometiendo errores muy parecidos.

Aquel domingo a la noche, los padres de las jóvenes fueron a hacer la denuncia. No se las querían recibir porque el protocolo que regía en ese momento establecía un plazo de 48 horas para comenzar una búsqueda. Ulises González explicaba a quien tuviera voluntad de oirlo: María Emilia no se hubiera ido dejando a su hija de dos años. Y menos sin avisar. A regañadientes, emitieron un alerta.

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El lunes la angustia estaba ya en un nivel superior. Las radios empezaron a hacerse eco de la situación y arrancaron también las confusiones habituales: un camionero dijo haberlas visto “haciendo dedo” en la zona de Barda del Medio. La policía se aferró a esa hipótesis.

El martes a la mañana, un vecino que salió a pasear sus perras halló los cuerpos semiocultos abajo de unos árboles, tapados apenas con ramas y maleza. María Emília (24 años) y Paula (22), tenían heridas de bala; el de Paula (17), además presentaba una herida de arma blanca. Las tres habían sido golpeadas y violadas.

Lo que vino después fue un compendio de lo que no se debería hacer en una investigación policial: desde la contaminación del lugar al desvío de la pesquisa y la aparición de supuestas pistas que no eran tales. Como una “llamada anónima” que denunciaba a los culpables. Una comisión policial ingresó a los tiros a una precaria vivienda, hiriendo de gravedad a Hilario Sepúlveda y deteniendo a Horacio Huenchumir, Miguel Sánchez y José María Fernández. ¿Culpables? La investigación posterior reveló que la denuncia ni siquiera había existido y que los “perejiles” no tenían nada que ver.

En esa época, la Circunscripción Judicial comprendía todo el departamento General Roca, desde Catriel hasta Chichinales, más el Valle Medio, Río Colorado y parte de la Línea Sur. Demasiado extensa para tres juzgados de instrucción concentrados en un solo punto, que eran los tribunales de Roca. Y el entonces juez Pablo Iribarren, tampoco se lució demasiado al dejar la investigación previa en manos de la policía.

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Hubo también una comisión especial, compuesta por efectivos de Investigaciones de la Policía Federal. Más de un año estuvieron en Cipolletti, con resultados poco satisfactorios. Claudio Kielmasz, condenado a prisión perpetua por el triple homicidio, prácticamente se entregó solo cuando – en un intento por cobrar la recompensa-, presentó la pistola Bersa calibre 22. Guillermo González Pino fue condenado en primera instancia y liberado después por el Superior Tribunal de Justicia. En un segundo juicio, cuatro sospechosos de haber participado en el horrendo asesinato de las adolescentes, fueron liberados por errores de procedimiento.

A la distancia, una situación con sabor “a poco” para la tremenda repercusión social e institucional que tuvo el caso. El impacto social se expandió a toda la región, impactada por el grado de violencia desatado contra tres mujeres. Las movilizaciones masivas dejaban sin aire y sin respuesta a las instituciones. El silencio de aquellas marchas eran una demostración del dolor social producido.

En aquella investigación fallida aparecieron por primera vez los nombres de dos personas que después se encumbrarían como cabecillas de las mafias del narcotráfico regional: Héctor Montecino y Segio “Condorito” Dávila. En aquellos tiempos, vinculados con los circuitos de desarmaderos clandestinos y el robo de autos. Por alguna razón, tampoco se avanzó en las conexiones de estos grupos con los jefes de algunas unidades policiales de Cipolletti..

En lo institucional, significó la creación de la IV Circunscripción Judicial con sede en Cipolletti. Un cuarto de siglo antes, la decisión de trasladar un par de juzgados desde Roca provocó una violenta movilización popular, el “Rocazo”. Pero las condiciones habían cambiado: Pablo Verani era el gobernador y un referente claro de la ciudad. Y en vez de “dividir” planteó “crear” nuevas instituciones.

Estos juzgados penales obligaron a la constitución de una nueva Unidad Regional policial (la V), y una nueva cárcel. El Código de Procedimientos fue cambiando también, un poco para adecuarse a la “oralidad”, otro tanto para aprovechar la experiencia recabada. Algunos funcionarios judiciales fueron “invitados” a renunciar (Iribarren), al igual que varios jefes policiales de la región, que pasaron a retiro.